La abogada y activista social Esther Roa critica con vehemencia que el actual sistema judicial de Paraguay está completamente subyugado al poder político, poniendo en grave peligro la democracia. Roa señala el reciente nombramiento de Jorge Rivas como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y de Basilio Núñez como presidente de la Cámara de Diputados hasta 2028 como señales claras de la decadencia democrática, lamentando la total falta de voluntad política para combatir la corrupción.
La corrupción generalizada y el fracaso del sistema judicial
Según Roa, el sistema judicial de Paraguay atraviesa una profunda crisis. Las imputaciones por casos de corrupción son raras, y cuando se producen, la mayoría de las veces terminan con penas leves o la absolución. Esto demuestra que el poder judicial y la Fiscalía toleran la corrupción de manera sistémica, siendo casos como el de Óscar Venancio Núñez, quien fue condenado, una excepción.
Roa critica duramente la forma en que el fiscal general Emiliano Rolón dirige la Fiscalía, priorizando el rechazo de casos en lugar de las imputaciones. Esta conducta es una prueba clara de que la Fiscalía se enfoca en proteger los intereses del poder político en vez de combatir la corrupción. La falta de transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía solo beneficia a los corruptos y destruye la confianza de la ciudadanía.
De igual manera, el poder judicial se encuentra en un estado caótico. Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia actúan sin un criterio unificado y algunos, como César Garay y Víctor Ríos, incluso faltan regularmente a su trabajo, lo que agrava la demora en los procesos judiciales. Esto evidencia que el poder judicial está abandonando su misión fundamental de ser la máxima instancia jurídica del país y custodiar la Constitución.
Corrupción rampante y ciudadanía desatendida
Roa señala que, a nivel internacional, Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica, después de Venezuela, lo que demuestra la escasa voluntad del gobierno para combatir la corrupción. Además, es frecuente que los abogados de políticos implicados en casos de corrupción utilicen tácticas dilatorias, conocidas como "chicanas", para retrasar los juicios, y casi nunca son sancionados por ello.
El reciente caso de Erico Galeano, donde se pospuso una audiencia pública con la excusa de un cambio de abogado, es un ejemplo representativo. Estas tácticas dilatorias a menudo resultan en la prescripción de los delitos o la desestimación de las acusaciones, permitiendo que los corruptos eviten la justicia. En contraste, el hecho de que los abogados de la gente común sean sancionados por dilatar los procesos es otra prueba de que el sistema judicial opera en favor de la clase política.
La "apatía" de la ciudadanía también se ha convertido en un problema importante. Roa califica de "dolorosa" la realidad de que, a pesar del constante surgimiento de casos de corrupción, los ciudadanos se mantienen indiferentes y adormecidos. Lamenta que movimientos de presión ciudadana como el "escrache", que en el pasado eran efectivos, ya no lo sean.
No obstante, Roa subraya que el pueblo paraguayo tiene un historial de actuar cuando se enfrenta a una opresión extrema y predice que, cuando la corrupción y el abuso de poder alcancen un punto límite, los ciudadanos se levantarán y cambiarán la sociedad de forma radical.
La captura del Estado por el "Cartismo" y la crisis de la democracia
Roa advierte que la separación de poderes en Paraguay ha sido, de hecho, completamente capturada por la facción política conocida como "Cartismo". En el poder ejecutivo, el presidente Santiago Peña obedece sus órdenes sin cuestionarlas; en el poder legislativo, se aprueban leyes a su conveniencia; y en el poder judicial, se colocan aliados estratégicos para impedir el castigo de los corruptos.
Además, el "Cartismo" ha capturado órganos autónomos como la Contraloría General de la República, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, asegurando así su impunidad desde dentro del sistema. Roa enfatiza que esta captura de las instituciones es la mayor amenaza para la democracia y un problema grave que socava los cimientos del Estado.
La abogada y activista social Esther Roa critica con vehemencia que el actual sistema judicial de Paraguay está completamente subyugado al poder político, poniendo en grave peligro la democracia. Roa señala el reciente nombramiento de Jorge Rivas como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y de Basilio Núñez como presidente de la Cámara de Diputados hasta 2028 como señales claras de la decadencia democrática, lamentando la total falta de voluntad política para combatir la corrupción.
La corrupción generalizada y el fracaso del sistema judicial
Según Roa, el sistema judicial de Paraguay atraviesa una profunda crisis. Las imputaciones por casos de corrupción son raras, y cuando se producen, la mayoría de las veces terminan con penas leves o la absolución. Esto demuestra que el poder judicial y la Fiscalía toleran la corrupción de manera sistémica, siendo casos como el de Óscar Venancio Núñez, quien fue condenado, una excepción.
Roa critica duramente la forma en que el fiscal general Emiliano Rolón dirige la Fiscalía, priorizando el rechazo de casos en lugar de las imputaciones. Esta conducta es una prueba clara de que la Fiscalía se enfoca en proteger los intereses del poder político en vez de combatir la corrupción. La falta de transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía solo beneficia a los corruptos y destruye la confianza de la ciudadanía.
De igual manera, el poder judicial se encuentra en un estado caótico. Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia actúan sin un criterio unificado y algunos, como César Garay y Víctor Ríos, incluso faltan regularmente a su trabajo, lo que agrava la demora en los procesos judiciales. Esto evidencia que el poder judicial está abandonando su misión fundamental de ser la máxima instancia jurídica del país y custodiar la Constitución.
Corrupción rampante y ciudadanía desatendida
Roa señala que, a nivel internacional, Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica, después de Venezuela, lo que demuestra la escasa voluntad del gobierno para combatir la corrupción. Además, es frecuente que los abogados de políticos implicados en casos de corrupción utilicen tácticas dilatorias, conocidas como "chicanas", para retrasar los juicios, y casi nunca son sancionados por ello.
El reciente caso de Erico Galeano, donde se pospuso una audiencia pública con la excusa de un cambio de abogado, es un ejemplo representativo. Estas tácticas dilatorias a menudo resultan en la prescripción de los delitos o la desestimación de las acusaciones, permitiendo que los corruptos eviten la justicia. En contraste, el hecho de que los abogados de la gente común sean sancionados por dilatar los procesos es otra prueba de que el sistema judicial opera en favor de la clase política.
La "apatía" de la ciudadanía también se ha convertido en un problema importante. Roa califica de "dolorosa" la realidad de que, a pesar del constante surgimiento de casos de corrupción, los ciudadanos se mantienen indiferentes y adormecidos. Lamenta que movimientos de presión ciudadana como el "escrache", que en el pasado eran efectivos, ya no lo sean.
No obstante, Roa subraya que el pueblo paraguayo tiene un historial de actuar cuando se enfrenta a una opresión extrema y predice que, cuando la corrupción y el abuso de poder alcancen un punto límite, los ciudadanos se levantarán y cambiarán la sociedad de forma radical.
La captura del Estado por el "Cartismo" y la crisis de la democracia
Roa advierte que la separación de poderes en Paraguay ha sido, de hecho, completamente capturada por la facción política conocida como "Cartismo". En el poder ejecutivo, el presidente Santiago Peña obedece sus órdenes sin cuestionarlas; en el poder legislativo, se aprueban leyes a su conveniencia; y en el poder judicial, se colocan aliados estratégicos para impedir el castigo de los corruptos.
Además, el "Cartismo" ha capturado órganos autónomos como la Contraloría General de la República, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, asegurando así su impunidad desde dentro del sistema. Roa enfatiza que esta captura de las instituciones es la mayor amenaza para la democracia y un problema grave que socava los cimientos del Estado.