Asunción – El grito de las comunidades indígenas de Paraguay volvió a resonar en la capital. El pasado día 17, el "Segundo Encuentro Indígena" celebrado en Asunción, puso de manifiesto la grave realidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas, desde la reapertura de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) hasta la corrupción generalizada y los problemas de salud y educación que amenazan su supervivencia. Aunque el encuentro se organizó para concretar el "Plan de Acción de Políticas Nacionales Indígenas", aprobado en 2014, solo sirvió para confirmar la ira y la desesperación de los líderes indígenas.
Los líderes indígenas asistentes a la reunión señalaron y criticaron duramente la corrupción rampante en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ambiente (Mades), el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). En particular, se hicieron acusaciones específicas de que hubo transacciones ilegales por valor de unos 1.300 millones de guaraníes relacionadas con la certificación de tierras indígenas en la región del Chaco. Denunciaron que funcionarios confabulados con algunos líderes indígenas fomentan la corrupción y explotan a las comunidades. Esta corrupción es percibida no solo como un simple delito, sino como un problema fundamental que amenaza el derecho a la supervivencia de los pueblos indígenas.
Aún más grave es el colapso del sistema de salud. Los líderes indígenas alzaron la voz con indignación: "La falta de medicinas, diagnósticos y tratamientos para nuestro pueblo es un genocidio". Clamaron que, en la realidad en la que es difícil incluso cruzar el umbral de un hospital, luchar contra la enfermedad es lo mismo que luchar contra la muerte. Se vertieron críticas al abandono total del derecho a la salud de los pueblos indígenas por la indiferencia del gobierno.
Las generaciones futuras también están sufriendo. Los estudiantes universitarios indígenas que asistieron a la reunión se quejaron de que no reciben sus becas a tiempo al inicio del semestre, lo que les causa grandes dificultades en sus estudios. Exigieron más apoyo financiero e instalaciones residenciales para los estudiantes que viven en Asunción. La situación en la que ni siquiera las oportunidades educativas están debidamente garantizadas es otro desafío que amenaza la sostenibilidad de las comunidades indígenas.
Por parte del gobierno, intervino el ministro del Interior, Enrique Riera. Afirmó que "las preocupaciones de los pueblos indígenas deben ser comunicadas al presidente y todas las agencias relevantes deben participar activamente en la implementación del plan". Riera anunció que el día 19 se reunirán 24 agencias para formar un "Equipo de Impulso del Plan" y que la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se reabrirá pronto para evitar protestas indígenas. Sin embargo, la desconfianza de los pueblos indígenas, cansados de las repetidas promesas y la indiferencia a lo largo del tiempo, parece inmutable.
Este encuentro fue más que un simple foro de diálogo; fue una acusación que denunció la crisis de supervivencia a la que se enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay. La capacidad del gobierno para resolver de manera genuina los problemas planteados en este encuentro dependerá de sus acciones futuras. Se necesitan medidas reales por parte del gobierno, antes de que estalle la ira de los pueblos indígenas.
Asunción – El grito de las comunidades indígenas de Paraguay volvió a resonar en la capital. El pasado día 17, el "Segundo Encuentro Indígena" celebrado en Asunción, puso de manifiesto la grave realidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas, desde la reapertura de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) hasta la corrupción generalizada y los problemas de salud y educación que amenazan su supervivencia. Aunque el encuentro se organizó para concretar el "Plan de Acción de Políticas Nacionales Indígenas", aprobado en 2014, solo sirvió para confirmar la ira y la desesperación de los líderes indígenas.
Los líderes indígenas asistentes a la reunión señalaron y criticaron duramente la corrupción rampante en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ambiente (Mades), el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). En particular, se hicieron acusaciones específicas de que hubo transacciones ilegales por valor de unos 1.300 millones de guaraníes relacionadas con la certificación de tierras indígenas en la región del Chaco. Denunciaron que funcionarios confabulados con algunos líderes indígenas fomentan la corrupción y explotan a las comunidades. Esta corrupción es percibida no solo como un simple delito, sino como un problema fundamental que amenaza el derecho a la supervivencia de los pueblos indígenas.
Aún más grave es el colapso del sistema de salud. Los líderes indígenas alzaron la voz con indignación: "La falta de medicinas, diagnósticos y tratamientos para nuestro pueblo es un genocidio". Clamaron que, en la realidad en la que es difícil incluso cruzar el umbral de un hospital, luchar contra la enfermedad es lo mismo que luchar contra la muerte. Se vertieron críticas al abandono total del derecho a la salud de los pueblos indígenas por la indiferencia del gobierno.
Las generaciones futuras también están sufriendo. Los estudiantes universitarios indígenas que asistieron a la reunión se quejaron de que no reciben sus becas a tiempo al inicio del semestre, lo que les causa grandes dificultades en sus estudios. Exigieron más apoyo financiero e instalaciones residenciales para los estudiantes que viven en Asunción. La situación en la que ni siquiera las oportunidades educativas están debidamente garantizadas es otro desafío que amenaza la sostenibilidad de las comunidades indígenas.
Por parte del gobierno, intervino el ministro del Interior, Enrique Riera. Afirmó que "las preocupaciones de los pueblos indígenas deben ser comunicadas al presidente y todas las agencias relevantes deben participar activamente en la implementación del plan". Riera anunció que el día 19 se reunirán 24 agencias para formar un "Equipo de Impulso del Plan" y que la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se reabrirá pronto para evitar protestas indígenas. Sin embargo, la desconfianza de los pueblos indígenas, cansados de las repetidas promesas y la indiferencia a lo largo del tiempo, parece inmutable.
Este encuentro fue más que un simple foro de diálogo; fue una acusación que denunció la crisis de supervivencia a la que se enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay. La capacidad del gobierno para resolver de manera genuina los problemas planteados en este encuentro dependerá de sus acciones futuras. Se necesitan medidas reales por parte del gobierno, antes de que estalle la ira de los pueblos indígenas.