
El proyecto de ley de presupuesto actualmente en debate en el Congreso de Paraguay evidencia que las promesas gubernamentales de mejorar la eficiencia del gasto público y la calidad de vida de los ciudadanos son meras retóricas. Los paraguayos siguen enfrentando una realidad marcada por un sistema de salud deficiente, una educación de baja calidad, cortes de energía frecuentes y la falta de acceso a servicios básicos esenciales, que son fundamentales tanto para el bienestar individual como para la productividad y la generación de empleo.
A pesar de los repetidos compromisos del gobierno de aumentar la eficiencia del gasto público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el presupuesto, que es el principal instrumento para alcanzar estos objetivos, parece estar produciendo resultados diametralmente opuestos.
Leyes fundamentales como la Ley de Presupuesto, el Código de Ética para Funcionarios Públicos, la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses, la Ley de Prohibición de la Rotación de Personal y la Ley de Prevención de la Corrupción son esenciales para el correcto funcionamiento del Estado y de la democracia. Sin embargo, en la práctica, estas leyes se han convertido en herramientas para beneficiar a unos pocos políticos, altos funcionarios y financistas políticos.
La mayoría de los ciudadanos se ven obligados a buscar soluciones individuales a los problemas derivados de la falta de servicios públicos, como comprar generadores eléctricos, buscar tratamiento médico en el extranjero, contratar seguridad privada o adquirir vehículos de alta gama.
Un Estado que no puede garantizar la prestación de servicios públicos básicos genera clientelismo político y oportunidades de negocio para unos pocos privilegiados, a costa de una mayor deuda para la mayoría de la población.
La disminución del ingreso real durante más de una década ha agravado la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, que carecen de una red de seguridad social adecuada. El rápido envejecimiento de la población, según los últimos datos del censo, amenaza con sumir a las futuras generaciones en la pobreza.
El proyecto de presupuesto actual indica que los recortes presupuestarios afectarán directamente a la población. La escasez de personal médico y medicamentos dificultará el acceso a la atención médica, los niños de familias pobres no podrán acceder a una educación de calidad, la producción de alimentos se verá afectada por la falta de apoyo al sector agrícola y la paralización de las actividades productivas debido a los cortes de energía será cada vez más frecuente.
Estas ineficiencias recaen directamente sobre los hombros de los ciudadanos. El aumento de los precios de los alimentos y los cortes de energía dificultan la actividad de las pequeñas empresas y reducen la productividad. El encarecimiento de los alimentos saludables fomenta el consumo de productos procesados y poco saludables, lo que a su vez aumenta los gastos en salud, tanto para los individuos como para el Estado.
En un contexto en el que los intereses de unos pocos prevalecen sobre los de la mayoría, Paraguay está perdiendo la oportunidad de enfrentar los desafíos futuros, como el cambio climático y la crisis de la deuda.
Para lograr un crecimiento inclusivo y resiliente al cambio climático, es fundamental garantizar la provisión de bienes públicos. Si las políticas fiscales actuales no contribuyen a este objetivo, perderán su legitimidad y su razón de ser.
El proyecto de ley de presupuesto actualmente en debate en el Congreso de Paraguay evidencia que las promesas gubernamentales de mejorar la eficiencia del gasto público y la calidad de vida de los ciudadanos son meras retóricas. Los paraguayos siguen enfrentando una realidad marcada por un sistema de salud deficiente, una educación de baja calidad, cortes de energía frecuentes y la falta de acceso a servicios básicos esenciales, que son fundamentales tanto para el bienestar individual como para la productividad y la generación de empleo.
A pesar de los repetidos compromisos del gobierno de aumentar la eficiencia del gasto público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el presupuesto, que es el principal instrumento para alcanzar estos objetivos, parece estar produciendo resultados diametralmente opuestos.
Leyes fundamentales como la Ley de Presupuesto, el Código de Ética para Funcionarios Públicos, la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses, la Ley de Prohibición de la Rotación de Personal y la Ley de Prevención de la Corrupción son esenciales para el correcto funcionamiento del Estado y de la democracia. Sin embargo, en la práctica, estas leyes se han convertido en herramientas para beneficiar a unos pocos políticos, altos funcionarios y financistas políticos.
La mayoría de los ciudadanos se ven obligados a buscar soluciones individuales a los problemas derivados de la falta de servicios públicos, como comprar generadores eléctricos, buscar tratamiento médico en el extranjero, contratar seguridad privada o adquirir vehículos de alta gama.
Un Estado que no puede garantizar la prestación de servicios públicos básicos genera clientelismo político y oportunidades de negocio para unos pocos privilegiados, a costa de una mayor deuda para la mayoría de la población.
La disminución del ingreso real durante más de una década ha agravado la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, que carecen de una red de seguridad social adecuada. El rápido envejecimiento de la población, según los últimos datos del censo, amenaza con sumir a las futuras generaciones en la pobreza.
El proyecto de presupuesto actual indica que los recortes presupuestarios afectarán directamente a la población. La escasez de personal médico y medicamentos dificultará el acceso a la atención médica, los niños de familias pobres no podrán acceder a una educación de calidad, la producción de alimentos se verá afectada por la falta de apoyo al sector agrícola y la paralización de las actividades productivas debido a los cortes de energía será cada vez más frecuente.
Estas ineficiencias recaen directamente sobre los hombros de los ciudadanos. El aumento de los precios de los alimentos y los cortes de energía dificultan la actividad de las pequeñas empresas y reducen la productividad. El encarecimiento de los alimentos saludables fomenta el consumo de productos procesados y poco saludables, lo que a su vez aumenta los gastos en salud, tanto para los individuos como para el Estado.
En un contexto en el que los intereses de unos pocos prevalecen sobre los de la mayoría, Paraguay está perdiendo la oportunidad de enfrentar los desafíos futuros, como el cambio climático y la crisis de la deuda.
Para lograr un crecimiento inclusivo y resiliente al cambio climático, es fundamental garantizar la provisión de bienes públicos. Si las políticas fiscales actuales no contribuyen a este objetivo, perderán su legitimidad y su razón de ser.